Nuestro país está marcado por infinidad de conflictos políticos-sindicales que lo recorren en toda su extensión, con miles de trabajadores que se organizan para pelear por aumento de salarios, por mejora en las condiciones de trabajo y para enfrentar las presiones de la patronal; al calor de este rico proceso se esta forjando una nueva camada de luchadores que enfrentan con métodos de democracia la traición de sus conducciones históricas y ponen en jaque al modelo sindical actual. Modelo que ha sido uno de los pilares del retroceso en las conquistas obreras desde mediados de los años setenta con la instauración de políticas neo liberales, sólo posible de implementar a través de una feroz represión ejercida desde el propio aparato del Estado, iniciada con la Triple A, durante el Gobierno de Isabel Perón, y seguido por la sangrienta dictadura militar.
No obstante, los gobiernos que le sucedieron profundizaron las consecuencias de la entrega. En tiempos de democracia la represión se muestra inherente al sistema capitalista y como herramienta coercitiva del Estado que, independientemente del Gobierno que lo administre, representa los intereses de los sectores dominantes, necesariamente recurre a estrategias represivas como gatillo fácil, las torturas, las detenciones arbitrarias y persecución política con el objetivo de ejercer el control y el disciplinamiento social para garantizar la aplicación de sus políticas de hambre y exclusión.
En ese contexto, se producen permanentes violaciones a los Derechos Humanos, entendidas así como un accionar sistémico ejercido por el Estado, principalmente mediante la represión preventiva hacia los sectores más empobrecidos y marginados, como contra los luchadores populares.
La desocupación desconocida, antes de 1976, afecta a millones de trabajadores, convirtiéndose en un gravísimo problema estructural para el desarrollo del País. De igual forma, el vaciamiento de cerebros por la destrucción sistemática de la educación, con Universidades "limpias", dedicadas a los aspectos técnicos o ideales de la Sociedad, y cuyas aulas ignoran los conflictos concretos de la realidad y las cuestiones ardientes de la política y de la economía, son consecuencias directas de aquel proceso. A partir de la crisis del 2001, con la devaluación de enero de 2002 y la inflación, los salarios fueron atacados, de tal manera en dólares en un tercio.
Por primera vez en muchos años, son las nuevas conducciones sindicales las que ponen a la orden del día la discusión salarial y muestran ante millones de trabajadores el método histórico de la clase trabajadora, la democracia obrera como únicos posible para alcanzar el cumplimiento por sus reclamos y derechos.
La lucha de los trabajadores, que han roto con sindicatos burócratas y entregadores, son unos de los procesos más importantes que se vienen dando en nuestro país.
Por otro lado, uno de los procesos más importantes que se vienen desarrollando en Argentina, desde hace más de veinticinco años es la lucha por enjuiciar a los responsables del terrorismo de Estado.
A partir del golpe militar de marzo de 1976 son drásticamente suprimidas todas las libertades democráticas .Se intervienen las organizaciones obreras, se congela la actividad de los partidos políticos, se impone la censura y se controla toda la vida social y cultural. La dictadura militar masifica e institucionaliza los métodos de guerra civil selectivos, los secuestros y los asesinatos de activistas obreros, sindicales, políticos, estudiantiles y guerrilleros, que ya venían aplicando López Rega y la burocracia sindical escudados bajo la sigla Triple A. Los centenares de muertos bajo el gobierno de Isabel Perón pasan a transformarse en decenas de miles bajo la dictadura. Todo este marco se complementa con la ejecución de un modelo económico neo liberal, que aumento en niveles insospechados la pobreza, la desocupación y el endeudamiento de nuestro País.
Tras la derrota militar en Malvinas, en junio de 1982, cae el Proceso de Reorganización Nacional y se abre una nueva etapa en nuestro País. En ese contexto, se inicia la inalcanzable pelea por el Juicio y Castigo a los responsables intelectuales y materiales de la represión. Pelea de la que fueron principales protagonistas los organismos de Derechos Humanos, conformados fundamentalmente por sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos, acompañados por organizaciones sociales y políticas y apoyados en la movilización Popular.
Fue tan contundente la reacción del movimiento de masas contra la dictadura, que impidió que hubiera otro golpe de Estado por más de más de 30 años, cuando estos eran una práctica común en nuestro País. Se sucede entonces el juicio a la Juntas Militares que, a pesar se sus implícitas limitaciones políticas y jurídicas, marcan un primer paso. Les siguieron los levantamientos militares de Barreiro, Rico y Seineldin, y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida; y posteriormente los indultos a los Comandantes de las Juntas Militares; con los cuales se intentó poner fin al avance de los miles de procesos iniciados contra oficiales de rango inferiores.
Frente a todo esto, el movimiento de derechos Humanos permaneció firme en su pelea por barrer las trabas de la impunidad. Así es como hacia finales de los años noventa y con una derogación castrada de las leyes de impunidad de por medio, comienzan a darse pasos en ese sentido, al iniciarse las causas por la sustracción ilegal y supresión de identidad de los niños nacidos en los campos de concentración , únicos delitos no amparados por las leyes de impunidad . La presión del movimiento de masas se identifica, innumerables escraches se realizan semanalmente frente a los tribunales cada vez que un represor es citado a declarar, en cada aniversario del Golpe de Estado son decenas de miles los que participan en las multitudinarias movilizaciones exigiendo juicio y castigo.
Con el Argentinazo se abre una nueva etapa. El año 2001 marca un quiebre, el movimiento obrero y popular empieza a pelar muy duro, ya no para defender viejas conquistas, sino ahora para recuperarlas y ampliarlas. El Argentinazo significó en este sentido, un cambio similar al de la caída de la dictadura.
Desde que los K, asumieron en mayo de 2003, tienen una obsesión: lograr legitimar su gestión marcada desde el origen por una debilidad extrema. A fuerza de doble discurso, de campaña electoral permanente y búsqueda de un armado político propio fue ganando imagen positiva. Pero así como así el matrimonio K, fueron los que mejor leyeron el Argentinazo, son conscientes de que imagen y base política de apoyo no son lo mismo. Atento a sus limitaciones, estructuraron su política en cuatro pilares. El crecimiento de la economía, aprovechando una coyuntura mundial altamente favorable, que trató de mostrar que favorecía al pueblo trabajador. Intentar presentarse como el representante de la nueva política, buscar ser vistos como Nacional y Popular, es decir como no subordinados al Imperialismo y mostrarse como un gobierno de los Derechos Humanos.
En un contexto de gran movilización, en agosto de 2003, hicieron votar a su bancada la ley de declaración de nulidad de las leyes de Obediencia de Vida y de Punto final, proyecto no elaborado por ellos y tomándolo como estandarte de su gestión. Descolgó cuadros en el colegio militar y habilitó el predio de la ESMA como museo de la Memoria. Esta apropiación de una de las reivindicaciones históricas y más sentidas por el conjunto del Pueblo Argentino, le permitió darse una política de cooptación de los organismos tradicionales, quienes desde entonces tienen un discurso afín al gobierno. Un claro ejemplo de ello es la posición a las últimas marchas en el aniversario del golpe de estado, o las declaraciones de algunos de los referentes tras el secuestro de Jorge Julio López -desaparecido en su gestión-.
Sin embargo, una sucesión de hechos, empezaron a mostrar las contradicciones de su doble discurso. La desaparición de Julio López, testigo clave para alcanzar la condena del ex jefe de policía bonaerense, Miguel Etchecolatz y la incapacidad del gobierno para poder encontrarlo con vida hasta la fecha, siendo que su función y deber obligacional era el resguardo del testigo fundamental para el proceso; muestran las limitaciones de su política de derechos humanos.
El gobierno de los Kirchner usa la digna bandera de los Derechos Humanos para seguir con el modelo económico heredado de Menem, Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde. Lo hace porque aplica una política antipopular. Siguen las represiones como en el INDEC, Santa Cruz, el Casino de Buenos Aires, el Hospital Francés, KRAFT y el asesinato de Lázaro Duarte, militante del MST. No avanza en materia de Derechos Humanos, va hacía atrás con los juicios de la Triple AAA que Néstor Kirchner propulsó cuando estuvo en la llamada Transversalidad, pero después le sacó la pata del acelerador porque estos juicios van en contra de los jerarcas del PJ, contra Hugo Moyano y hasta del mismo Juan Domingo Perón. Es por eso que sostienen que Isabel Perón no sabía nada de la Triple AAA.
